La autoridad entró en crisis en Aragón entre el siglo XVI y XVII. Frente a las consecuencias de la represión ejercida a raíz de las revueltas de 1592 y a la publicación de relatos historiográficos que criticaban rigurosamente las instituciones y el sistema jurídico aragonés, las autoridades del Reino optaron por una defensa escrita. Reclutaron a cronistas con la misión de restaurar el prestigio de las autoridades aragonesas y su reputación. No obstante, para imponer este nuevo relato hegemónico era necesario prestar cierta autoridad a los historiadores de la campaña, una doble transmisión de autoridad entre el poder político y los historiadores que este artículo se propone estudiar.